Aprobado por el pleno de la Sección SOC del CESE el dictamen a iniciativa del Grupo de los Trabajadores del CESE sobre la Crisis del Coste de la Vida en Europa, elaborado por la secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera

La pérdida de poder adquisitivo y el aumento del coste de la vida que sufren los hogares europeos, provocados por los efectos combinados de la pandemia de covid-19, la guerra de Rusia contra Ucrania, la crisis energética resultante y un repunte de la inflación sin precedentes, constituyen una crisis del coste de la vida sin precedentes y la principal preocupación de la ciudadanía según el euro barómetro, incluido el 40% de los jóvenes. Esto, por supuesto, tiene consecuencias en la desigualdad, la exclusión social y la marginalización.

En 2023, el 21% de la población y el 24,8% de los niños en Europa se encontraban en situación de pobreza y el 10,6% de la población europea no podía calentar adecuadamente su vivienda. Además, para casi el 10% de los hogares los gastos en vivienda superan el 40% de su renta disponible.

Pero lo cierto es que aun con la grave situación y a pesar de algunas respuestas políticas, el riesgo de exclusión social, desigualdad y marginación sigue siendo muy elevado en toda Europa. En este contexto, la inversión en las personas y la economía, una fiscalidad justa y progresiva, unos servicios públicos de calidad y asequibles, así como un apoyo específico a las personas más vulnerables, junto con una política industrial a corto y largo plazo con capacidad para crear empleos de calidad, son esenciales para aliviar la crisis del coste de la vida y proteger contra futuras perturbaciones.

Además, hay un elemento clave para luchar contra la crisis del coste de la vida: los salarios. En esto coinciden expertos de todos los ámbitos: los aumentos salariales y del salario mínimo son las mejores herramientas para combatir la pérdida de poder adquisitivo y sus efectos sobre la desigualdad y el riesgo de exclusión social, y para garantizar la redistribución de la riqueza. Además de destacar el efecto positivo que ya ha tenido la Directiva sobre el salario mínimo adecuado en los aumentos salariales que se han registrado en estos años en Europa.

Es esencial que Europa pueda anticiparse a futuras crisis y, para ello, los interlocutores sociales y los agentes de la sociedad civil a todos los niveles desempeñan un papel clave, pues han demostrado su capacidad para adaptarse y responder a las situaciones más difíciles, así como para contribuir a las medidas de lucha contra la crisis. Reforzar el Diálogo Social, la Negociación Colectiva y el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil es contribuir a hacer más resiliente a Europa.

Para combatir la crisis del coste de la vida y su impacto necesitamos que se apliquen políticas de precios adecuadas en varios ámbitos y se limiten los precios máximos de la energía. Es esencial la rápida aplicación de políticas de vivienda asequible, junto con una estrategia europea para combatir el sinhogarismo que afecta cada vez más a las personas trabajadoras y avanzar, constituyendo un verdadero marco europeo para la renta mínima. Es esencial también que las personas más vulnerables puedan acceder a todos los servicios sociales y esenciales, y para ello hay que revisar la legislación europea, estableciendo excepciones para poder eliminar las barreras de acceso.

Como políticas fundamentales para poder luchar contra la crisis del coste de la vida es necesario reforzar las redes de seguridad social y un refuerzo de las inversiones en educación. Y también son necesarias garantías. Europa tiene que asegurarse de que las políticas que pone en marcha no contribuyen al crecimiento de la desigualdad y el riesgo de exclusión social. Necesitamos que el Semestre Europeo utilice los indicadores sociales en todas las políticas y además que estos sean tenidos en cuenta al mismo nivel que los indicadores económicos, para refuerzo de la dimensión social de Europa.

Por último, instamos a los Estados miembro a que cumplan las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales en su informe específico sobre la crisis del coste de la vida, que ha sido elaborado con los informes nacionales enviados por los estados miembro al CEDS y cuyas recomendaciones son vinculantes y absolutamente necesarias para combatir esta crisis.