UGT ha presentado el informe “Convenios colectivos y derecho a la vivienda: El precio de un bien básico se come los salarios. Análisis sectorial y territorial”, donde se evidencia que la brecha entre salarios y precios expulsa a las familias trabajadoras de sus barrios
La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, y el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, han presentado hoy el informe Convenios colectivos y derecho a la vivienda: El precio de un bien básico se come los salarios. Análisis sectorial y territorial, en el que el sindicato ha realizado un análisis sectorial y territorial con datos de los convenios colectivos.
El informe denuncia que la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable para la clase trabajadora en España, y que la brecha entre los salarios y los precios de la vivienda es tan profunda que la mayor parte de la población no puede acceder a ella. Ni por la vía de la compra, ni por la vía del alquiler.
El documento destaca además que, en la actualidad, una persona trabajadora necesita más de 52 años de salario neto (dedicando el 40% del mismo) para comprar una vivienda media. Un 40% más de tiempo del que requeriría sin intereses hipotecarios. De hecho, en lugares como Madrid, Catalunya o Baleares, el precio de un piso de 60 m² supera los 300.000 euros, lo que equivale a entre 20 y 25 sueldos anuales íntegros.
Las tablas salariales de los convenios analizados, al compararse con los precios de las viviendas, muestran que es imposible acceder a una en régimen de propiedad. Al hablar del alquiler, la situación se agrava. En ciertos sectores, entre los que se incluyen la hostelería, el comercio o la limpieza, una persona puede verse obligada a destinar el 100% de su salario neto al pago del alquiler, afectando a ciudades como Madrid o Barcelona.
La vivienda, un derecho humano
La realidad es que, con los salarios actuales, las personas trabajadoras están siendo expulsadas del mercado de la vivienda. Esto no es solo una cuestión económica o social, sino de derechos, porque la vivienda es un derecho humano, no una mercancía. Queda reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en la Carta Social Europea y en el artículo 47 de nuestra Constitución.
El modelo especulativo rompe el tejido social, acelera la gentrificación y agrava la desigualdad
A lo largo del informe, UGT incide en que los poderes públicos están fallando, y subraya que la Ley Estatal de Vivienda, aprobada en 2023, supuso un avance muy importante. El hecho de que no se haya desarrollado un sistema de inspección – ni un régimen sancionador que garantice su cumplimiento – hace que nos encontremos en un punto en el que muchas Comunidades se niegan a aplicarla, convirtiendo esta iniciativa en papel mojado.
Los pisos turísticos o la creciente financiarización del mercado inmobiliario están complicando aún más la situación, consolidando un modelo especulativo que expulsa a las familias trabajadoras de sus barrios. Algo que no solo vulnera derechos, sino que rompe el tejido social, acelera la gentrificación y agrava la desigualdad.
Si los salarios no suben, la vivienda seguirá siendo inalcanzable
El sindicato reclama aplicar, de manera efectiva e íntegra, la Ley Estatal de Vivienda; frenar la especulación y movilizar viviendas vacías; ampliar el parque público de vivienda social; regular los precios del alquiler allí donde el mercado está tensionado; regular los pisos turísticos e instar políticas públicas coordinadas para garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda para todas las personas, especialmente para quienes menos tienen.
Esto exige una apuesta decidida por impulsar la negociación colectiva para mejorar salarios, especialmente en los sectores más precarizados, ya que no se puede hablar de derecho a la vivienda sin hablar de trabajo decente.
Por ello, UGT reafirma su compromiso con la defensa del derecho a la vivienda como derecho humano, con la mejora de las condiciones salariales de las personas trabajadoras y con una legislación eficaz. Porque una vivienda digna no puede ser un privilegio reservado a unos pocos, sino un derecho efectivo para todos y todas.
CONVENIOS COLECTIVOS Y DERECHO A LA VIVIENDA (Pdf 4,36 Mb)
