- Son unos PGE bien orientados, que suponen una ruptura con las políticas neoliberales practicadas desde 2010, y apuestan por unas políticas expansivas y reforzar la protección social.
- Comienza el proceso de negociación. El sindicato reclama poner el foco en extender la red de protección social, garantizar rentas a las personas y empresas afectadas por la Covid-19 y mejorar la justicia de nuestro sistema fiscal.
- Nuestro país necesita un esfuerzo de inversión pública destinado a reforzar el Estado de Bienestar altamente deteriorado por la crisis económica pasada y por la pandemia actual.
La Unión General de Trabajadores valora el Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 aprobado hoy por el Consejo de Ministros que, por las grandes líneas presentadas hoy y a falta de conocer los detalles del mismo, contiene una orientación positiva, poniendo el foco en extender la red de protección social, garantizar rentas a las personas y empresas afectadas por la pandemia de Covid-19 y mejorar la justicia de nuestro sistema fiscal. Todo ello en un contexto en el que los fondos de la Unión Europea contribuirán decisivamente a financiar la expansión del gasto que vuestra economía precisa.
El proceso de negociación presupuestaria comienza ahora, y debe servir para mejorar los aspectos más dudosos del texto, que en términos generales tienen que ver con la modesta ambición de algunas de las actuaciones, teniendo en cuenta la intensidad de la crisis y los riesgos reales de depresión existentes. Para UGT, resultan imprescindibles, por este orden, medidas contundentes para proteger la salud, garantizar rentas suficientes a todas las personas y empresas perjudicadas por la pandemia (vía ayudas y transferencias directas) y un impulso fiscal que permita relanzar el consumo de los hogares y, con él, la actividad y el empleo. En este sentido, el sindicato quiere participar en ese proceso negociador, para trasladar nuestros planteamientos y políticas, que ya remitimos en su momento a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso.
En conjunto, UGT considera que son unos Presupuestos bien orientados, aunque en algunos aspectos deberían ser más ambiciosos. En todo caso, es preciso reconocer que se trata de unas cuentas que suponen una ruptura con las políticas aplicadas en la crisis anterior a partir de 2010, que tan erróneas se mostraron y que tanto sufrimiento generaron. El sindicato valora estos PGE de manera positiva y reclama una negociación leal a todos los grupos parlamentarios, poniendo las necesidades de la ciudadanía por encima de los intereses partidistas. En todo caso, su aprobación, con los retoques adecuados, es una exigencia ineludible si queremos salir de esta profunda crisis.
Un esfuerzo de inversión pública que refuerce el Estado de Bienestar deteriorado
La situación extraordinariamente complicada que estamos viviendo desde hace meses requería una concreción de gasto en 2021 acorde al grado de emergencia actual, con el objetivo no solo de asegurar que enfrentaremos con garantías suficientes los grandes desafíos que presentamos a corto plazo, sino también de reforzar un Estado de Bienestar altamente deteriorado, como consecuencia de las políticas de austeridad aplicadas tras la crisis de 2008. En este sentido, desde UGT valoramos positivamente el esfuerzo presupuestario que va a destinar el gobierno en inversión pública, que ascenderá a un total de 239.765 millones de euros, unas cifras inéditas que son posibles gracias a la eliminación de las reglas fiscales en los próximos dos ejercicios y que, en todo caso, resultan totalmente necesarias para evitar que la crisis económica y social se vuelva estructural. Entre las principales partidas de gasto que se verán modificadas cabe destacar las siguientes:
El presupuesto en política sanitaria se verá incrementado en un 75,4%, lo cual resulta lógico e imprescindible toda vez que hemos visto cómo la pandemia ha destapado las costuras de nuestro sistema sanitario. Corresponde también a las CCAA, que ostentan las competencias en esta materia, ejecutar la totalidad del gasto y coordinar de forma eficiente los recursos disponibles, puesto que el blindaje de uno de los pilares centrales del Estado de Bienestar ha de ser total, exigiendo para ello la colaboración de todas las administraciones implicadas.
- Por su parte, el Gobierno ha anunciado también que el gasto en atención a la dependencia se incrementará en un 46%, lo cual debe servir para reforzar el servicio y ampliar la cobertura hasta alcanzar 1,1 millones de beneficiarios. Además, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se ha insistido en la pretensión del Gobierno de impulsar un modelo que apueste por la atención a domicilio, al estilo de los países nórdicos. En este aspecto, más allá de valorar positivamente el aumento presupuestario, cabe señalar también lo urgente que resulta regular el sector de atención domiciliaria para asegurar una serie de derechos laborales básicos, pues supone una de las actividades donde las trabajadoras sufren una mayor precarización.
- La política de vivienda experimentará un aumento del 25%, lo cual supone una variación notable, a la par que imprescindible, con el objetivo de revertir el recorte presupuestario en algunas partidas, como por ejemplo el gasto en protección social en vivienda, que entre 2007 y 2017 se redujo en un 39%.
También cabe mencionar que finalmente el Gobierno se ha comprometido a presentar en el Congreso de los Diputados -en un plazo máximo de 4 meses- una propuesta de regulación de los precios de los alquileres, una actuación que ya había sido demandada por parte de UGT en la ‘Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda’ y que, dada la situación actual -donde la vivienda supone la primera línea de defensa ante el COVID-19– no admite más esperas ni aplazamientos. Esto debería complementarse con la promoción de un extenso parque de viviendas públicas destinadas al alquiler.
Pensiones, empleo y gasto social
El Anteproyecto de Presupuestos para 2021 recoge también una revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, en línea con lo acordado en el seno del Pacto de Toledo, por lo que se incrementarán un 0,9% el próximo año (estimación de aumento tanto del deflactor del PIB como del deflactor del consumo privado, indicadores de inflación distintos del IPC), mientras que las pensiones no contributivas lo harán en un 1,8%. Sin duda, son noticias positivas, que parecen dejar atrás los retrógrados criterios de revalorización vigentes desde la reforma de 2013, que abocaban a los pensionistas de nuestro país a un continuo empobrecimiento.
Respecto a la política de fomento del empleo y protección al desempleo contará con 4.191 millones de euros más respecto al presupuesto anterior. Es preciso analizar con más detalle la concreción de esos fondos, de vital importancia para la el mantenimiento y la generación de empleo, que debería acompañarse se la derogación de la reforma laboral de 2012, que solo ha extendido la precariedad laboral, y que impide construir un marco laboral más eficiente, coherente con un nuevo modelo productivo más eficiente y sostenible.
En lo relativo a las partidas de gasto social, el volumen de recursos aumentará en un 70%, lo que debería garantizar una contratación de plantilla suficiente para hacer frente al buen funcionamiento de algunas prestaciones puestas en marcha. Una de ellas se corresponde con el Ingreso Mínimo Vital, donde a partir de ahora se tendrán en cuenta los ingresos de los meses del año en curso a la hora de poder acceder a dicha ayuda, lo cual valoramos positivamente, ya que de esta manera se ampliará su cobertura a miles de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad a consecuencia de la pandemia. No obstante, es necesario que los nuevos cambios introducidos faciliten y agilicen la tramitación del mismo para que esta prestación llegue cuanto antes a aquellas personas que lo necesiten.
Lucha contra la pobreza
Muy destacable resulta también el aumento del IPREM en un 5%, un indicador clave para acceder al Ingreso Mínimo Vital y otro tipo de ayudas y prestaciones sociales. El nuevo incremento rompe el estancamiento experimentado desde hace años, pues la última subida tuvo lugar en 2017, cuando apenas aumentó un 1%. Resulta imprescindible elaborar un método permanente de actualización del índice que proteja el valor real del indicador a lo largo del tiempo.
Respecto a la lucha contra la pobreza infantil, que afecta a 3 de cada 10 menores de edad en nuestro país, el Gobierno ha anunciado que se incrementarán los recursos en un 59%, lo que ayudará a corregir la brecha presupuestaria respecto al a media europea y, junto al IMV, debe ayudar a corregir un problema que lastra el futuro de toda una generación.
Desde UGT valoramos favorablemente la inversión en aquellas partidas de gastos destinadas a favorecer el sistema público de cuidados y favorecer la conciliación. En este sentido, se ha anunciado que se destinaran 200 millones de euros para impulsar la educación de 0 a 3 años; 300 millones para igualar los permisos de maternidad y paternidad, ampliándose hasta las 16 semanas; y hasta 200 millones para apoyar la conciliación de las familias con niños y niñas menores de 14 años.
Con respecto a cultura, el gasto se incrementa en un modesto 2,5%, que resulta muy insuficiente.
Cambio de modelo productivo
Mención diferenciada merecen también las políticas destinadas a cambiar el modelo productivo para hacerlo más eficiente y sostenible, por su relevancia como tractoras de la economía y el empleo de futuro. En este sentido:
- En la política de I+D+I y digitalización se anuncian hasta un total de 12.344 millones de euros para promover ganancias de competitividad, que es preciso analizar con mayor detalle cuando se conozca su concreción.
- El gasto en infraestructuras se duplica, lo cual supone un gasto de 11.500 millones.
- En materia de política industrial sube la dotación de recursos en 5.690 millones, que también será preciso estudiar su composición. Desde UGT reclamamos la implementación de un Plan Estratégico por la Industria, para que este sector, que es el que aporta una mayor resistencia productiva y posee un enorme efecto arrastre sobre el resto, llegue a suponer el 20% del PIB, en lugar del 14% actual. Se anuncia también una partida de 1.300 millones para pymes, comercio y turismo, crucial para impulsar estos sectores especialmente afectados por la pandemia.
- La inversión para impulsar la transición hacia una economía más verde y sostenible reporta un gasto de 5.300 millones de euros, siendo las energías renovables y el incremento de la eficiencia energética alguno de los ejes estratégicos. La plasmación de estos fondos resulta crucial para consolidar ese nuevo modelo productivo de futuro.
No es una reforma impositiva de calado
Por el lado de los ingresos, el Gobierno ha optado por posponer la reforma impositiva de calado que precisa nuestra economía hasta superar la crisis sanitaria, adoptando ahora una serie de modificaciones puntuales que pretenden elevar la progresividad del sistema, haciéndolo más justo. En este sentido, la línea de los cambios propuestos es, en términos generales, acertada, y quizá cabe reprocharle precisamente la moderada ambición de las mismas.
Desde UGT consideramos que la situación admite unos cambios de mayor enjundia. Hay que recordar que España parte de una situación en la que mantiene un déficit estructural de ingresos fiscales que se cifra en 6,3 puntos porcentuales de PIB respecto de la media de la eurozona, que supone unos 78.500 millones menos de ingresos cada año.
En todo caso, bienvenidas sean estas modificaciones, entre las que las principales son:
- Aumento de dos puntos del tipo aplicable en el IRPF a las rentas superiores a 300.000 euros (un 0,7% de los contribuyentes). Entendemos que se podría haber establecido otro tramo intermedio, y elevar algo más los tipos, puesto que se trata de rentas muy elevadas.
- En la tarifa aplicable a las rentas del capital y de ahorro del IRPF se establece una subida de tres puntos a partir de 200.000 euros (unos 17.000 contribuyentes). En la reforma subsiguiente se deberían gravar todas las retas en la misma tarifa.
- Los planes de pensiones revisan su fiscalidad, reduciendo las aportaciones máximas objeto de deducción de 8.000 euros anuales a 2.000 euros. Se trata de una modificación positiva, que aumenta la progresividad del impuesto, puesto que solo el 8% de los declarantes aportan más de 4.000 euros cada año.
- Se prorrogan hasta 2021 los límites del régimen de módulos para autónomos. Más allá de su excepcional continuidad para el año que viene, el sistema de módulos debe desaparecer, pasando a tributar por los ingresos reales.
- En el Impuesto sobre Sociedades, se limita al 95% (solo para 2021) la actual exención del 100% por plusvalías o dividendos generados por filiales, que afecta a muy grandes empresas y afecta sólo a un 0,12% del tejido productivo. Esta deducción debería ser objeto de una revisión más ambiciosa, así como el conjunto de la tributación de los grupos empresariales, actualmente muy beneficiados en el Impuesto societario. Se debería establecer un tipo mínimo del 15% sobre los beneficios contables.
- En el Impuesto sobre el Patrimonio, se incrementa un punto el gravamen del último tramo (por encima de los 10 millones de euros, pasando del 2,5% al 3,5%. Es un cambio en el buen sentido, pero la tributación sobre los grandes patrimonios, y en general sobre la riqueza, debería ser objeto de una revisión mayor, elevando las aportaciones de estos contribuyentes más favorecidos.
- En la tributación del IVA se incrementa el gravamen del 10% al 21% en bebidas azucaradas compradas en tiendas (queda fuera, por tanto, la consumición en bares y restaurantes). Se trata de una medida justificada para reducir su consumo por sus efectos nocivos sobre la salud.
- Se aumenta el impuesto a hidrocarburos para acercar la tributación del diésel a la gasolina, reduciendo la bonificación fiscal al primero, que carece ya de justificación económica y social.
Globalmente analizados, se trata de cambios tributarios positivos pero insuficientes para adaptar nuestro sistema fiscal a las necesidades financieras que impone la reconstrucción del país, mejorar la justicia de las aportaciones y consolidar un estado de bienestar avanzado. UGT reclama una reforma fiscal integral
El Anteproyecto de PGE para 2021 alumbra un cambio muy positivo a la hora de afrontar una situación de crisis como la actual, al sostener unas políticas expansivas y reforzar las políticas de protección social, abandonando (esperemos que definitivamente) los postulados de la austeridad extrema dominantes hasta hace poco. Confiamos que se mejore en el trámite parlamentario, para lo cual desde UGT esperamos poder aportar también nuestros planteamientos al Gobierno en el seno del diálogo social.
