Según datos de Eurofound de 2020, las empresas españolas son líderes europeas en vigilancia algorítmica de sus empleados
Los datos del estudio Employee monitoring and surveillance: The challenges of digitalisation, publicado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (organismo público dependiente de la UE), revelan que hasta el 40% de las empresas españolas estarían usando algoritmos para la monitorización de la actividad laboral y para evaluar el desempeño diario de las personas trabajadoras. Datos proporcionados por las propias compañías y que habrán aumentado con la explosión del trabajo a distancia. Sólo hay que comprobar el incremento de la facturación en los proveedores de este tipo de soluciones informáticas, en máximos históricos en todo el mundo.
Es llamativo que un tejido productivo como el español, con un grado escaso de digitalización y cifras ridículas de empleo tecnológico en comparación con el resto de la UE, lidere el aspecto más oscuro de la digitalización, ya que la media europea de empresas que emplea este tipo de vigilancia no alcanza el 30% y países como Alemania, Francia o el Reino Unido (15, 25 y 26%, respectivamente), se quedan lejos de los niveles de intrusión de las empresas españolas.
Proteger el derecho a la intimidad
Este tipo de prácticas suponen una clara vulneración de derechos fundamentales de las personas trabajadoras, puesto que afecta a su privacidad e intimidad; añadiendo que, en una abrumadora mayoría de los casos, las empresas no cumplen con los requisitos exigidos de proporcionalidad, idoneidad, necesidad e información previa para poner en marcha este tipo de vigilancia.
En virtud de los derechos que proporciona la denominada ley rider, en cuanto a recibir información sobre el uso de estas herramientas informáticas en las empresas, y conforme a la jurisprudencia existente, UGT exigirá el cumplimiento estricto de las normas legales aplicables, implicando para ello tanto a la Inspección de Trabajo como a los Juzgados de lo Social.
El sindicato no va a permitir este tipo de abusos que vulneran el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras.
