Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra hoy, 4 de febrero, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores exige mayor prevención contra el cáncer en el trabajo, que provoca anualmente el fallecimiento de 80.000 personas en Europa, y denuncia las brechas que existen entre las personas trabajadoras en relación a la atención oncológica que reciben
El lema elegido para este año es: “Por unos cuidados más justos”, con el que se busca poner el foco en los problemas que se encuentran las personas enfermas de cáncer para recibir atención oncológica dependiendo de los ingresos, la educación, la localización geográfica y la discriminación por etnia, raza edad, orientación sexual, género o estilo de vida.
UGT llama la atención sobre el enorme problema que suponen los cánceres de origen laboral. Se estima que en la Unión Europea son la principal causa de muerte relacionada con el trabajo ya que, cada año, 120.000 personas en Europa desarrollan cáncer debido a la exposición a los carcinógenos en el trabajo, lo que provoca aproximadamente 80.000 muertes. Además, se estima que 1 de cada 5 personas trabajadoras del continente están expuestas a carcinógenos laborales. En España, el cáncer es la segunda causa de muerte en la población general. En el entorno laboral se estima que fallecen anualmente 8.700 hombres y 850 mujeres por cánceres debidos a exposiciones laborales. Sin embargo, su declaración y reconocimiento es ínfima, ya que en 2022 únicamente se reconocieron 107 enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos, de las cuales 99 fueron entre hombres y 8 en mujeres, siendo 76 del total, debidas al amianto.
Para UGT, el infrareconocimiento del origen profesional de un cáncer es un enorme problema, principalmente para la persona enferma que, además del gran sufrimiento tanto físico como psíquico que supone el padecer esta enfermedad, hay que sumar que no genera el derecho a la prestación correspondiente, suponiendo un perjuicio económico. En segundo lugar, también supone un perjuicio económico para la sociedad ya que, al no reconocerse como profesional, su tratamiento y asistencia se deriva al Sistema Público de Salud, en lugar de a la Mutua, por lo que el coste económico derivado lo soportamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Estos costes se han estimado en casi 157 millones de euros para el año 2015.
En tercer lugar, si no se identifica el cáncer como de origen profesional, es como si no existiera a los ojos de la prevención de riesgos laborales, por lo que el riesgo seguirá presente en el centro de trabajo, pudiendo desencadenar más cánceres entre el resto de personas trabajadoras de esa empresa.
En este sentido, el sindicato exige que las empresas cumplan con la normativa en prevención de riesgos laborales, ya que muchas de estas enfermedades y muertes podrían evitarse si las exposiciones a cancerígenos en los lugares de trabajo fueran controladas y minimizadas, y es que ciertas condiciones de trabajo, como la subcontratación o el trabajo temporal, dificultan la adopción de medidas efectivas de prevención.
Los enfermos de cáncer deben volver a su puesto de trabajo de forma segura
UGT considera también importante avanzar para conseguir que las personas trabajadoras enfermas de cáncer o que han superado un cáncer, retornen a su puesto de trabajo de forma segura, sin poner en riesgo su seguridad y salud, incluyendo los aspectos psicosociales. Para ello las empresas deben negociar con la representación de las personas trabajadoras, protocolos de retorno al puesto de trabajo que establezcan medidas para flexibilizar este proceso.
Para el sindicato es indispensable alcanzar puestos de trabajo libres de riesgos laborales. Por ello, UGT considera poco ambiciosa la actual revisión de la Directiva europea que regula el valor límite de exposición profesional al amianto, en la que la Comisión Europea propone un valor límite de 0,01 fibras por cm3. Para UGT este valor es insuficiente y deja desprotegidas a las personas trabajadoras que estén expuestas a este cancerígeno, por lo que instamos a la Comisión a rectificar y adoptar la propuesta del Parlamento, de 0,001 fibras por cm3, que garantiza una mayor protección de las personas trabajadoras.
