El secretario general de UGT FICA advierte que “no aceptaremos que el empleo vuelva a pagar las consecuencias de decisiones empresariales sin una estrategia industrial clara para el país”

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, Mariano Hoya, exige a Nissan que retire el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado para sus centros de trabajo en Catalunya y que, de manera inmediata, abra un proceso de diálogo real con la representación de los trabajadores y trabajadoras para abordar un auténtico plan industrial que garantice el futuro de la actividad y del empleo.

Mariano Hoya ha mostrado su “profunda preocupación” por la situación generada tras el anuncio de la compañía y ha advertido de que una medida de estas características supone un duro golpe no solo para las plantillas afectadas, sino también para el conjunto del sector industrial y de automoción en Catalunya, especialmente en un momento decisivo marcado por la transición energética, la electrificación y la transformación tecnológica de la industria.

“El empleo no puede ser siempre la primera respuesta de las multinacionales cuando afrontan procesos de reorganización. Nissan tiene la obligación de explicar cuál es su estrategia para todos los centros de trabajo de España y cuáles son sus compromisos industriales a medio y largo plazo”, ha señalado.

En este sentido, Mariano Hoya ha reclamado a la dirección de la empresa transparencia sobre sus planes de producción, inversiones y carga de trabajo para los distintos centros de Nissan en España, así como garantías claras de continuidad industrial. A su juicio, cualquier proceso de transformación del sector debe hacerse “desde el diálogo, la negociación y la responsabilidad social”, evitando decisiones unilaterales que generen incertidumbre entre miles de familias trabajadoras.

Asimismo, ha insistido en que las plantas españolas cuentan con capacidad productiva, experiencia y profesionales altamente cualificados, por lo que considera “inadmisible” que la empresa plantee ajustes laborales sin haber presentado previamente un proyecto industrial sólido que asegure la viabilidad futura de los centros.

“España ha demostrado durante años ser un país estratégico para la automoción. Tenemos infraestructuras, capacidad tecnológica y trabajadores y trabajadoras preparadas para afrontar los retos de la nueva movilidad. Lo que falta es un compromiso claro de Nissan con el mantenimiento del empleo y la actividad industrial”, ha afirmado.

Mariano Hoya también ha alertado sobre el impacto económico y social que tendría el ERE sobre las industrias auxiliares y el empleo indirecto vinculado a la actividad de Nissan. Según ha explicado, las consecuencias de este tipo de decisiones “trascienden las propias plantas” y afectan al conjunto del tejido productivo, especialmente en aquellos territorios donde la automoción constituye uno de los principales motores económicos y de empleo.

Por ello, ha reclamado la implicación activa de las administraciones públicas para defender la continuidad industrial y garantizar que cualquier proceso de transición se haga protegiendo el empleo y reforzando la competitividad del sector. En su opinión, la transformación de la automoción debe apoyarse en inversiones, innovación y formación, pero también en acuerdos sociales que den estabilidad a los trabajadores y trabajadoras.

“El sector necesita certezas y visión de futuro. No se puede hablar de transición industrial mientras se destruye empleo y se generan procesos de precarización. La modernización de la industria debe ir acompañada de garantías laborales y de un compromiso firme con las personas trabajadoras”, ha subrayado.

Mariano Hoya ha reiterado finalmente el rechazo al ERE anunciado por Nissan y pide a la compañía que “rectifique, retire las medidas planteadas y se siente a negociar soluciones reales que permitan preservar el empleo, la actividad industrial y el futuro de las plantas Catalanas así como clarifique el proyecto industrial de los centros de Ávila y Cantabria”.

“Defender la industria es defender empleo de calidad, cohesión territorial y desarrollo económico. España necesita más inversión productiva y más compromiso empresarial, no decisiones que debiliten nuestra capacidad industrial”.

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