El sindicato denuncia que, aunque comienza agosto y muchas personas están de vacaciones, las muertes en el trabajo continúan produciéndose sin que nadie ponga remedio
El verano de 2025, según la AEMET, fue el más cálido desde que hay registros. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2025 murieron 3.832 personas por complicaciones derivadas de las altas temperaturas. Además, estos datos confirman que, por cada día en que se produce un episodio de ola de calor, la mortalidad se incrementa, de media, en tres fallecimientos.
Sin embargo, en cuanto a los accidentes laborales ocasionados por esta causa, existe un claro y peligroso infrarreconocimiento, ya que durante 2025 se declararon solo 229 accidentes con baja durante la jornada laboral debidos al calor y la insolación, de los que cinco fueron mortales. Además, se declararon 102 accidentes con baja en jornada debidos a los efectos de las temperaturas extremas, la luz y la radiación, de los que dos fueron graves.
Estos datos, aunque suponen un aumento respecto a los registrados en 2024, cuando se contabilizaron 103 accidentes de trabajo con baja durante la jornada laboral por calor e insolación, de los cuales uno resultó mortal, ponen de manifiesto el escaso reconocimiento de este tipo de accidentes y la consiguiente falta de adopción de las medidas de protección que requiere la situación climática a la que están expuestas las personas trabajadoras. En 2026 los datos apuntan a que la mortalidad por altas temperaturas será aún mayor.
Según los datos estadísticos de accidentes de trabajo publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se produjeron 1.182.809 accidentes de trabajo. De ellos, 771 fueron mortales, lo que supone 62 fallecimientos menos que en 2024 y un descenso del 7,4%. Desglosando esta cifra, se observa que 613 se produjeron durante la jornada laboral y 158 fueron accidentes in itinere.
Más de 700 personas fallecidas en accidente laboral cada año es una cifra que obliga a la sociedad a actuar frente a la siniestralidad laboral y exige una adecuación normativa a los riesgos del siglo XXI. El Consejo de Ministros declaró 2026 como el Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y esta iniciativa debería traducirse en la aprobación de medidas contundentes que consigan una reducción significativa de la siniestralidad, así como en campañas de sensibilización, investigación e implantación de figuras que fomenten la prevención entre el conjunto de la población trabajadora, también en las pymes, donde existen mayores dificultades para integrar una cultura preventiva eficaz.
Según los datos, 80.522 accidentes de trabajo con baja en jornada se produjeron en centros de trabajo con menos de nueve personas trabajadoras; de ellos, 147 fueron mortales. Por su parte, las empresas de entre 10 y 25 personas trabajadoras registraron 88.963 accidentes con baja en jornada, de los que 116 fueron mortales. La creación de la figura del Agente Territorial estatal, que ya existe en algunas comunidades autónomas, ayudaría, sin duda, a las pequeñas —y muy pequeñas— empresas a mejorar la detección y la prevención de los riesgos laborales en sus centros de trabajo.
La principal causa de los accidentes de trabajo con baja ocurridos durante la jornada laboral fueron los golpes contra objetos, con 152.653 casos, mientras que los infartos y los derrames cerebrales siguen siendo la primera causa de muerte, con 265 accidentes mortales. Los datos ponen de manifiesto un claro incumplimiento sistemático de la obligación de realizar evaluaciones de riesgos en las empresas: en 193.372 accidentes con baja ocurridos durante la jornada laboral —lo que supone el 35% de los casos— no se había realizado la evaluación de riesgos obligatoria. De estos accidentes en los que no existía evaluación de riesgos, 182 fueron mortales.
Urge actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a las nuevas realidades del mundo del trabajo, fuertemente influido por las transiciones demográfica, climática y digital, que están afectando a la salud mental de las personas trabajadoras y que, en numerosas ocasiones, acaban derivando en una baja por incapacidad temporal (IT), cuando podrían haberse evitado si la evaluación de riesgos y la implantación de medidas preventivas hubieran sido eficaces.
El texto acordado entre el Gobierno de España, UGT y CCOO para la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que debería llegar al Congreso en breve, recoge las actualizaciones necesarias para proteger la salud y la vida de las personas trabajadoras, tal y como reconoció el dictamen del Consejo Económico y Social el pasado 27 de julio.
Desde UGT se propone, además, que se dote de mayores recursos a la Inspección de Trabajo para aumentar el número de visitas a los centros de trabajo sin necesidad de que exista una denuncia previa por parte de las personas trabajadoras, que, en muchas ocasiones, debido al miedo a ser despedidas, no llegan a interponerla, con lo que su salud y su vida continúan en riesgo.
Es necesario que las empresas inviertan en prevención de riesgos laborales y cumplan con la normativa. Este cambio de enfoque supondría, sin duda, un triple beneficio: para la propia empresa, para las personas trabajadoras y para la sociedad en su conjunto.
El deterioro de la salud llega también a los centros de trabajo. Con una política de prevención real y adaptada a los retos del siglo XXI podremos mejorar la salud del tejido productivo de nuestro país y la de las personas trabajadoras que forman parte de él.
Lee aquí el informe de UGT sobre accidentes laborales 2025
Lee aquí el resumen ejecutivo del informe de UGT sobre accidentes laborales 2025
