La reforma laboral está mejorando la calidad del empleo, pero el aumento del paro advierte de la necesidad de continuar protegiendo el empleo, con salarios que se adapten al alza de precios, a la vez que se contienen precios y limitan los beneficios extraordinarios de grandes empresas
Los datos del paro registrado y de afiliación del mes de julio publicados muestran un frenazo en la creación de empleo, moderándose el dinamismo que llevaba registrando durante meses el mercado laboral español. Se trata de un ligero descenso de la ocupación que, sin embargo, no es habitual para un mes de julio, por lo que debe ser tomado como una señal de alerta, un motivo más para no dejar de apostar por políticas expansivas que favorezcan la actividad económica y la creación de empleo, dada la situación tan excepcional en la que se encuentra la economía internacional.
Estos datos, sin embargo, deben ser tomados con cautela, en tanto que pueden mostrar distorsiones aparejadas al propio efecto de la entrada en vigor de la reforma laboral, que habría disparado la contratación meses antes, no registrándose en estos momentos las cifras a las que se podría haber llegado en un año considerado normal. En términos de calidad del empleo, no obstante, es de apreciar que, tras siete meses desde la entrada en vigor de la reforma laboral, el contrato indefinido se ha establecido ya como la modalidad de referencia para la contratación, en detrimento de los contratos temporales, permitiendo a miles de personas trabajadoras disfrutar de condiciones laborales dignas, estables y seguras después de años de precariedad y excesiva e injustificada temporalidad laboral.
En todo caso, los datos conocidos hoy muestran la necesidad de atender a las amenazas presentes en el actual contexto económico, que sigue siendo preocupante debido al mantenimiento de la guerra en Ucrania y a los elevados costes energéticos que encarecen mes tras mes la cesta de la compra, y se han trasladado ya a otros bienes y servicios lastrando el consumo de los hogares. En ese sentido, es necesario actuar protegiendo la capacidad adquisitiva de las familias, con políticas más ambiciosas que contengan el aumento descontrolado de los precios y limiten los grandes beneficios extraordinarios acumulados por las grandes empresas, especialmente aquellas energéticas que se aprovechan de la actual situación.
Es necesario proteger la capacidad adquisitiva de las familias
Con una inflación avanzada por el INE del 10,8% en julio, los salarios de convenio no pueden incrementarse sólo un 2,4% como lo han hecho hasta ahora. Si queremos asegurar que las familias puedan hacer frente al pago de sus facturas al final de mes y sostengan con su consumo el crecimiento económico, los salarios deben adaptarse urgentemente al alza de los precios, repartiendo de manera justa los costes del proceso inflacionista.
De lo contrario, se dará paso a un empeoramiento de sus condiciones de vida que, además de acentuar aún más la desigualdad y pobreza ya existentes, puede acabar diluyendo el que es uno de los principales efectos indirectos de la mejora de la calidad del empleo: la revaluación de las rentas salariales que lleva aparejada la creación de puestos de trabajo estables en el tiempo.
UGT emplaza al Ministerio de Trabajo a abordar ya, desde el diálogo social, la subida del salario mínimo que tendrá lugar en el próximo año; teniendo en cuenta que, para que sea efectiva, debe atender a la especial situación en la que se encuentra la coyuntura económica, con una crisis inflacionista que está impactando enormemente en los presupuestos de las familias y que también está dejando ver sus efectos en la vertiente macroeconómica, ralentizando el consumo y, en consecuencia, la capacidad de crecimiento de la economía española.
