Noveno aniversario de la aprobación de la reforma de 2012
- En 2020, con la mayor caída del PIB de la historia moderna de nuestro país (-11%) gracias a los ERTE el número de despidos ha sido de prácticamente 500.000, una cifra tan solo algo superior a la registrada en 2019 (497.546), y un 35% inferior a los registrados en 2012
- En 2011 la tasa de temporalidad era del 25,1%. En 2019 fue del 26,2%
- En 2011 el 20,2% de los contratos temporales tenían una duración inicial inferior a 7 días, en 2019 eran el 27,3%La Reforma laboral alienta el despido en lugar de favorecer la flexibilidad interna negociada, por lo que, en la situación actual, puede favorecer otra debacle del empleo.
Nueve años después de la aprobación de la Reforma Laboral de 2012 (RDL 3/2012, de 10 de febrero, posterior Ley 3/2012 de 6 de julio) es evidente el rotundo fracaso de una norma que ha agravado todos los problemas endémicos de nuestro mercado de trabajo: desempleo, temporalidad, precariedad, bajos salarios, irregularidades en la contratación, trabajo ilegal, falsos autónomos, o mínima formación y reciclaje de los trabajadores y trabajadoras.
La extrema debilidad de ese mercado de trabajo obligó a la regulación de los ERTE realizada de manera urgente en el marco del diálogo social para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y evitar la debacle social de una masiva destrucción de empleo. Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de dinero público invertido en el sostenimiento del tejido empresarial y del empleo, nos encontramos ante el anuncio de numerosos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que podrían acabar con miles de trabajadoras y trabajadores en la calle gracias a la vigencia de una regulación laboral hecha para despedir fácil y barato.
Un Estatuto de los Trabajadores para despedir fácil y barato
Uno de los puntos fundamentales de la reforma consistió en facilitar el despido, estableciendo causas muy laxas para justificarlos, suprimiendo la necesidad de autorización administrativa en los despidos colectivos, y rebajando las indemnizaciones de 45 días por año a 33, y de un máximo de 42 mensualidades a 24. Se alentó de esta forma la destrucción de empleo, en lugar de favorecer la flexibilidad interna negociada.
No es casualidad que tras 2008 y 2009, los años iniciales de la Gran Recesión y los de su mayor impacto, 2012 fue el ejercicio con mayor número de despidos de contratos indefinidos de la historia, 777.000. Y eso se tradujo en la segunda mayor pérdida total de empleo de la historia, 788.700 ocupados, solo por detrás de la sufrida en 2009 (1.362.800 ocupados menos). Y en 2013 se perdieron otros 493.700 empleos.
En 2020, con la mayor caída del PIB de la historia moderna de nuestro país (-11%), y a pesar de no haber cambiado la regulación laboral, el número de despidos ha sido de prácticamente 500.000, una cifra tan solo algo superior a la registrada en 2019 (497.546), similar a la de otros años de expansión económica, y 277.000 despidos inferior (un 35%) a los registrados en el primer año de aplicación de la reforma, 2012. La clave ha sido el fomento a partir de mayo de 2020 de los ajustes temporales de empleo (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, ERTE), mediante la firma de cuatro sucesivos Acuerdos Sociales en Defensa del Empleo (ASDE), que han incentivado el uso de esta fórmula de ajuste del empleo en lugar de los despidos. En 2020 se han realizado 6,27 millones de altas en ERTE, diecisiete veces más que en el anterior año que más se utilizó esta figura, 2009 (379.062).
Menos horas trabajadas y temporalidad
De 2011 a 2019 el número de ocupados creció un 6,6%, pero las horas trabajadas por persona descendieron un 1,4%. Esto en parte fue consecuencia tanto del auge del contrato a tiempo parcial, como del aumento de la rotación laboral, derivadas de la mayor discrecionalidad otorgada al empresario en la gestión del empleo con la reforma de 2012. En 2020 la pandemia ha supuesto una abrupta ruptura en estas tendencias. En este año el número de personas ocupadas cayó un 4,2%, y las horas trabajadas por personas descendieron un 6,5%.
En 2011 la tasa de temporalidad (asalariados con contrato temporal sobre el total) era del 25,1%. En 2019 fue del 26,2%. Este aumento de la temporalidad se percibe más desde 2014, cuando la economía comenzó a crecer de nuevo tras la crisis. De 2013 a 2018 la tasa de temporalidad creció 3,7 puntos porcentuales (del 23,1% al 26,8%), situándose como la más elevada desde 2008, y en 2019 apenas cedió medio punto, hasta el 26,2%. El impacto de la pandemia en 2020 ha hecho que la tasa de temporalidad retroceda hasta el 24,1% -que sigue siendo muy elevada-, por el descenso de empleo temporal.
Analizando el número de contratos registrados, el resultado observado es el mismo: la reforma de 2012 no ha impulsado apenas la realización de contratos indefinidos. Cada mes, aproximadamente 90 de cada 100 contratos firmados son de carácter temporal (90,3 en 2020 y 90,4 en 2019, por ejemplo), cifra muy similar a la que se registraba antes de 2012 (92,3 temporales de cada 100 firmados).
Más rotación laboral
Los contratos se han hecho más inestables, de menor duración: en 2011, el 20,2% de los contratos temporales firmados tenían una duración inicial inferior a 7 días. En 2012, año de entrada en vigor de la reforma, se produjo el mayor incremento del peso de estos contratos de corta duración respecto del año inmediatamente anterior, 2,1 puntos porcentuales. Desde entonces y hasta 2019 no dejaron de crecer, alcanzando el 27,3%. En 2020, por efecto del desplome de la actividad y del empleo, este porcentaje ha descendido al 21,2%, aún superior al existente antes de la reforma, en 2011. Pero se trata de un descenso puntual, debido a esta causa extraordinaria. Si no se toman las medidas necesarias para impedir el auge de los contratos de corta duración, cuando se recupere la actividad volverán a aumentar.
También se han vuelto más inestables los contratos indefinidos. En 2007, para crear un empleo estable se necesitaban 1,18 contratos de carácter indefinido, y este indicador mantuvo una cierta estabilidad hasta 2011 (1,15). A partir de 2012 la rotación comenzó a crecer, alcanzando en 2018 su nivel máximo (1,59 contratos por empleo indefinido). En 2019, cuando ya existían síntomas evidentes de agotamiento del crecimiento económico, descendió, y aún más en 2020, por el hundimiento provocado por el efecto del coronavirus y la paralización de la actividad derivada de las medidas restrictivas aplicadas.
Expansión del contrato a tiempo parcial
29 de cada 100 empleos creados desde la entrada en vigor de la reforma han sido a tiempo parcial (346.500, frente a 844.800 a tiempo completo, con datos del cuarto trimestre de 2020 al segundo de 2011). En realidad, en esta ya larga etapa los empleos a tiempo parcial han crecido a un ritmo casi tres veces superior que los de tiempo completo (14,1% frente a 5,4%). La tasa de parcialidad del empleo (el porcentaje de trabajadores que trabajan a jornada completa respecto del total) aumentó del 13,5% hasta alcanzar el 16,4% en el segundo trimestre de 2014, para comenzar a declinar lentamente desde entonces, situándose a finales de 2020 en el 14,5%, todavía un punto porcentual por encima del nivel existente antes de la reforma de 2012.
Derogar la reforma laboral ya
Todas estas razones deberían ser suficientes para abordar de forma inmediata una reforma de la legislación laboral española, empezando por derogar las medidas más lesivas adoptadas en las últimas reformas laborales, especialmente la de 2012. Esta reivindicación es, si cabe, más urgente en este momento, en el que el alargamiento de la pandemia -y sus repercusiones sobre las empresas- puede provocar que, después de haberse invertido centenares de millones de dinero público en los ERTE, una parte de las empresas decidan pasar a la aplicación de Expedientes de Regulación de Empleo, como ya estamos viendo.
La reforma laboral favorece esta medida en detrimento de otras fórmulas que permitan el mantenimiento del empleo, por lo que podemos vernos abocados durante este año a una debacle para el empleo que es necesario evitar.
