La Federación recuerda que, desde el inicio de la crisis, se han perdido 250.000 empleos del sector en nuestro país, y reclama medidas eficaces y urgentes
La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT ha reclamado hoy que las medidas medioambientales que se adopten en Europa sean socialmente responsables, consensuadas con todos los agentes que intervienen en la industria automovilística, y estén coordinadas a todos los niveles de las administraciones públicas europeas y españolas para impedir que las consecuencias negativas de las mismas perjudiquen aún más a los más de trece millones de trabajadores y trabajadoras que dependen del sector en Europa.
El secretario del Sector Automovilístico UGT FICA, Jordi Carmona, ha insistido en que el proceso de descarbonización del sector del automóvil no puede hacerse a costa de los y las trabajadoras ni de los potenciales consumidores, y que es necesario un esfuerzo coordinado que aúne las sinergias y permita a Europa competir con EEUU y Asia en la carrera hacia el coche verde.
A este respecto, Carmona ha criticado las contradicciones en la normativa europea, ya que mientras la UE y el Parlamento Europeo pretenden prohibir la comercialización de vehículos de combustión interna a partir de 2035, lo que va a requerir de grandes inversiones en el camino hacia la electrificación del sector, la propuesta Euro 7, que va a restringir las emisiones contaminantes a partir de 2025 en automóviles y furgonetas, avanza en el camino contrario, forzando a los fabricantes y a su cadena de valor, a invertir en tecnologías que reduzcan las emisiones de los vehículos de combustión hasta alcanzar el 2035, en que se prohibirá su comercialización.
Por ello, Jordi Carmona ha urgido a la UE a que coordine la legislación comunitaria del automóvil y la ponga al servicio de los ciudadanos y de los trabajadores europeos, con objetivos realistas que no pongan en peligro la competitividad de nuestras plantas en un sector estratégico para los intereses de la industria europea.
A nivel nacional, el secretario del Sector Automovilístico de UGT FICA, ha reiterado la necesidad de abordar una regulación coordinada entre los agentes que intervienen en la industria del automóvil, incluidas las comunidades autónomas y las corporaciones municipales, con relación las medidas medioambientales que se están adoptando en las principales ciudades españolas, para evitar discordancias, competencias y desajustes que van a terminar afectando a los potenciales usuarios y, en definitiva, a la cadena de valor del conjunto del sector en nuestro país.
Carmona ha valorado que las restricciones en materia de movilidad introducidas por algunos ayuntamientos y CC.AA., unidas al endurecimiento en el sistema impositivo, están afectando a las ventas de automóviles en nuestro país, y en consecuencia, también al empleo, por lo que ha pedido racionalidad y sensatez, para no ser “más papistas que el papa” y compatibilizar de manera ordenada los intereses medioambientales del conjunto de los españoles con los de la industria del automóvil, encaminando los intereses de ambos hacia un futuro industrial cada vez más “verde” y menos contaminante, pero igualmente competitivo.
El secretario del Sector Automovilístico de UGT FICA ha recordado que, desde el inicio de la crisis, el sector han perdido en España 250.000 puestos de trabajo derivados tanto de consecuencias coyunturales como estructurales, y por ello, ha reclamado medidas complementarias a los fondos europeos canalizados a través del PERTE VEC (en cuyo diseño y supervisión deben estar presentes los sindicatos), entre las que ha señalado las 23 propuestas presentadas por UGT FICA en la Mesa del Automóvil que, a día de hoy, sigue sin convocarse.
Carmona ha aprovechado para cargar contra las políticas laborales y antisociales planteadas desde algunos grupos políticos y económicos de nuestro país, que apuntan al incremento en el cálculo de las pensiones, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el desmantelamiento del Estado del Bienestar, particularmente de la sanidad y la educación, y el intento de devaluar el diálogo social y de debilitar a los representantes de los trabajadores en el ejercicio de labor, lo que, en conjunto, va a devenir en una degradación sin precedentes de los derechos de las personas trabajadores conquistados en tanto años de lucha.
