El sindicato denuncia que las propuestas del líder del PP suponen un ataque a las personas enfermas, a la sanidad pública y al Diálogo Social.
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) rechaza con absoluta contundencia las declaraciones realizadas por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante el círculo de empresarios vascos, en las que plantea recortar salarios y prestaciones a las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal, incluso “con o sin acuerdo” con las organizaciones sindicales.
Para UGT, estas afirmaciones evidencian una absoluta falta de respeto al Diálogo Social. El diálogo social consiste precisamente en que las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales negocien en igualdad de condiciones las reformas que afectan a las personas trabajadoras, no en anunciar unilateralmente recortes y pretender imponerlos.
El sindicato considera especialmente grave que el líder de la oposición vuelva a identificar la incapacidad temporal con el absentismo. Bajo ese concepto se mezclan deliberadamente permisos retribuidos legalmente reconocidos, permisos familiares, licencias y situaciones de incapacidad temporal derivadas de enfermedad o accidente. Confundir realidades tan diferentes solo puede responder a la mala fe o a un profundo desconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras y el funcionamiento de las relaciones laborales de acuerdo con la Constitución Española.
Las personas trabajadoras no están de baja porque quieran. Están de baja porque padecen un cáncer, porque han sufrido una fractura, porque esperan una intervención quirúrgica, porque permanecen hospitalizadas o porque atraviesan un grave problema de salud mental. Pretender reducirles el salario o las prestaciones supone castigar precisamente a quienes han tenido la desgracia de enfermar y demuestra que para algunos importa más la cuenta de resultados de determinadas empresas que la salud de quienes trabajan.
Igualmente inaceptable resulta alimentar la sospecha de que las personas trabajadoras simulan sus enfermedades y que los profesionales del Sistema Nacional de Salud participan complacientemente en ese supuesto fraude. Se trata de una descalificación injusta hacia millones de trabajadores y trabajadoras y una auténtica calumnia contra los médicos y médicas del sistema público, cuya profesionalidad no puede ponerse en cuestión para justificar un discurso político.
Además, el líder del PP recurre a comparaciones absolutamente engañosas al utilizar cifras absolutas de bajas laborales entre 2018 y 2026, ignorando que España ha pasado de rondar los 19 millones de personas ocupadas a acercarse actualmente a los 22,5 millones. Cualquier análisis mínimamente riguroso exige comparar tasas y contextualizar los datos, no manipular cifras para construir un relato que criminaliza a quienes enferman.
Si realmente existiera preocupación por la salud de las personas trabajadoras, el debate debería centrarse en las verdaderas causas que provocan y prolongan las incapacidades temporales. Habría que hablar de las listas de espera inasumibles que padecen numerosos servicios públicos de salud, de competencia autonómica y, por lo tanto, gobernadas, en su mayoría, por el Partido Popular; de trabajadores que esperan durante meses una consulta de traumatología, una prueba diagnóstica, una rehabilitación o una intervención quirúrgica; de la insuficiente atención a la salud mental y de la escasa implantación de planes preventivos en las empresas, donde apenas un 5% dispone de programas específicos de prevención de riesgos psicosociales.
UGT reclama al principal partido de la oposición que, si de verdad le preocupan las bajas laborales, lo demuestre apoyando la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, negociada durante 19 meses en el marco del diálogo social, y exigiendo el refuerzo de la sanidad pública, especialmente en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan y donde las listas de espera prolongan innecesariamente miles de procesos de incapacidad temporal. La siniestralidad laboral sigue costando la vida de tres personas trabajadoras cada día en España. Esa es la verdadera emergencia. Combatir las causas que enferman y matan en el trabajo, y no estigmatizar a quienes enferman, es lo que cabe exigir a quien aspira a gobernar este país.
Para UGT, quien confunde el absentismo con las enfermedades que impiden trabajar termina tratando a las personas trabajadoras como mera mercancía. Quien se postula a gobernar España debería empezar por proteger la salud de quienes trabajan, no por cuestionar su enfermedad ni por recortar sus derechos cuando más necesitan la protección del Estado. Las personas trabajadoras no son un coste que haya que reducir, sino ciudadanos y ciudadanas titulares de derechos cuya salud y dignidad deben situarse siempre por encima de cualquier cuenta de resultados.
