La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores valora las medidas aprobadas hoy en Consejo de Ministros para luchar contra los efectos de la inflación y el impacto de la guerra en Ucrania, y reclama diálogo y concertación a la hora de adecuar las mismas a las necesidades de los sectores productivos más vulnerables a esta crisis
Unas medidas que deben estar regidas por la urgencia en su puesta en marcha; simplicidad en su aplicación, para que se perciban sus efectos positivos cuanto antes y no se pierdan en trámites innecesarios; progresividad de los esfuerzos, de manera que aporten más quienes tiene capacidad de pago para hacerlo; y diálogo permanente y urgente con los grupos políticos e interlocutores sociales.
De esta forma, UGT valora las siguientes medidas:
- Hidrocarburos. Se establece una bonificación de 20 céntimos por litro, de los cuales 15 céntimos serán sufragados por el Estado y 5 por las petroleras. UGT valora esta medida pero considera que resulta insuficiente para contener el alza del precio de los combustibles, ya que plantea una reducción que no ataca el origen de los precios desorbitados: la falta de competencia y los desproporcionados márgenes empresariales que acumulan las grandes multinacionales. Si queremos garantizar unos precios más justos y reducidos, debemos implementar una regulación que incremente realmente la competencia en el sector y establezca un mecanismo más justo de fijación de precios, valorando a su vez una eventual limitación de los precios máximos.
- Factura eléctrica. Adelanto de la liquidación y recuperación de los injustificados excesos retributivos obtenidos por las compañías eléctricas, por el diferencial de precio de las fuentes de energía diferentes al gas. Para el sindicato, es una medida muy positiva, que liberará unos 1.800 millones de euros que deben repercutir de inmediato en una bajada de las partes fijas de las facturas de los consumidores.
- Alquileres. La actualización anual se limita a un máximo del 2%. Para el sindicato, aplicar solamente una limitación máxima del 2% en los próximos tres meses para contener la emergencia habitacional es insuficiente ya que, durante los tres meses siguientes, el precio de los alquileres se debería congelar, manteniendo así las cuantías mientras dure la situación de excepcionalidad. Una medida que debería ser complementada con otras, como la recuperación de las prórrogas automáticas de los contratos y la moratoria de pagos de alquiler.
- Ingreso Mínimo Vital. Su cuantía se incrementa en un 15% durante los siguientes tres meses, una noticia muy positiva para UGT, ya que las cantidades contempladas anteriormente, con un mínimo de 491 euros en caso de beneficiario individual, resultan insuficientes para poder llegar a fin de mes, beneficiando a los hogares más vulnerables. Sin embargo, el sindicato reclama la mejora de la cobertura, ya que actualmente no llega a todas las personas afectadas.
- Despido. Se limita, protegiendo el empleo. A pesar de no darse ninguna innovación legislativa respecto al mecanismo de protección al empleo, vuelven los ERTE por Fuerza Mayor y por causas objetivas (ETOP), cuya eficacia ya fue probada en la anterior crisis del coronavirus, para hacer frente a una eventual caída de la actividad productiva a consecuencia de la guerra. Además, conjuntamente a los ERTE, se introducen como causa que impide el despido objetivo el aumento de los precios de la energía en empresas que hayan obtenido ayudas públicas; y se pretende condicionar la concesión de ayudas públicas al mantenimiento de las plantillas, de manera que, en caso de que se produzcan despidos, las empresas deberán devolver las cuantías que hubieran recibido en materia de ayudas, algo que para UGT supone el mantenimiento de la protección del empleo como elemento central de cualquier estrategia de actuación.
- Consumidores vulnerables. Se prorrogan las modificaciones a la baja en la fiscalidad energética hasta el 30 de junio de 2022, suspendiendo el impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica (IVPEE), la reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA), y del impuesto especial sobre la electricidad (IEE). También se modifica el Bono Social. Respecto al Bono Social Eléctrico (BSE), adecúa la regulación sobre su financiación a las Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Supremo, imponiendo la obligación de financiación a todas las empresas; introduce modificaciones en los requisitos de acceso como la sustitución del concepto de unidad familiar por unidad de convivencia; incrementa las referencias al IPREM en 0,3% por adulto, y 0,3% por niño; e introduce la aplicación automática por dos años a los que son actualmente beneficiarios y a quienes perciben el IMV. Además, amplía la partida presupuestaria para el Bono Social Térmico (BST). Además, se introducen mejoras en la tarifa PVPC. Sin embargo, para UGT, las medidas propuestas por el Gobierno para que el Bono Social llegue a 600.000 familias más, son insuficientes.
- Ayudas a empresas. Se facilita la financiación, de nuevo. Aunque esta sea una ayuda efectiva en el corto plazo para las empresas, en realidad supone trasladar el problema al futuro: dado que esas deudas tendrán que ser devueltas, seguirá generando una posición de desequilibrio financiero para las empresas que deberá ser solventado. El Gobierno sitúa las ayudas en 10.000 millones en créditos ICO más otras ayudas a sectores más perjudicados, como un total de 362 millones de euros al sector agrícola o 68 millones al sector pesquero. Además, se incluye una rebaja de los peajes eléctricos del 80% y una elevación al máximo de la compensación de CO2, una medida que se estima en un valor de unos 500 millones de euros para rebajar la factura energética.
- Ciberseguridad. 1.000 millones para un nuevo plan que contará con más de 150 actuaciones esenciales. Para UGT, esta medida debería haber sido puesta en marcha con anterioridad, aunque supondrá una importante inversión en la protección de los sistemas informáticos por los que actualmente se prestan servicios imprescindibles en materia de transportes, energía, etc.; siendo relevantes para contener posibles ciberataques que puedan suponer limitaciones al funcionamiento de los servicios públicos esenciales y la integridad de las infraestructuras relevantes para la actividad del país.
