En el 30 aniversario de la ley, UGT considera necesario y urgente que se actualice y se adapte a las nuevas realidades del mundo del trabajo y pide a la patronal responsabilidad en la negociación que lleva 18 meses debatiendo en la mesa del Diálogo Social
Desde su aprobación en 1995, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha supuesto numerosos avances en materia de sensibilización y creando derechos de participación de las personas trabajadoras a través de los y las delegadas de prevención y la creación de los Comités de Seguridad y Salud en el trabajo. Esta ley establecía, además, obligaciones y responsabilidades a las empresas en materia de prevención y dotaba de coherencia a una serie de normas que se habían aprobado hasta el momento, en concreto la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971. Las obligaciones constitucionales y la necesidad de transponer la Directiva Europea 89/391/CEE desembocó en el desarrollo de esta Ley, que introdujo novedades que mejoraban la protección en los centros de trabajo.
Sin embargo, es un hecho que tras 30 años no ha conseguido alcanzar algunos de sus objetivos principales; como que la cultura de prevención esté integrada en la gestión de la empresa y reducir de forma significativa la siniestralidad laboral. De hecho, en 2024 la cifra de muertos en jornada laboral ascendió a 833 personas trabajadoras, 68 más que en 2023.
Ahora, y tras 30 años, es necesaria una actualización que se adapte a las nuevas formas de trabajo y que se reconozca conforme a la realidad, muchas enfermedades profesionales donde hoy no se reconoce su origen laboral.
Desde UGT denunciamos la ínfima declaración de los cánceres de origen profesional. En 2024 únicamente se reconocieron 104, mientras el Ministerio de Sanidad estimó que, en nuestro país, fallecen cada año 8.700 hombres y 850 mujeres debido a exposiciones a agentes cancerígenos en sus puestos de trabajo.
La realidad es que la prevención de riesgos laborales en el entorno empresarial se trata como un imperativo legal que debe cumplirse para evitar sanciones. Por ello, desde el UGT defendemos la creación de una nueva figura: la del delegado/a de prevención territorial que ya están presentes en algunas CCAA como La Rioja, Asturias o Navarra y que tienen la función de formar y garantizar que la Prevención llega también a las pequeñas y medianas empresas.
Los riesgos del s.XXI no están protegidos con una legislación del siglo pasado. Los riesgos digitales, los que afectan a la salud mental, la perspectiva de género y los riesgos climáticos deben regularse para proteger a la clase trabajadora actual.
Además, desde UGT consideramos importante incidir en temas como la salud mental, donde las bajas por este motivo no dejan de crecer. La falta de desconexión digital, la intensificación del trabajo con enormes cargas de trabajo y plazos de tiempo ajustados, el control por algoritmos o la monitorización constante son aspectos que generan un gran estrés laboral. Además, la violencia y el acoso laboral, incluyendo sus vertientes digitales, son problemas que minan la salud mental de trabajadores y trabajadoras.
Por último, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores se recuerda que temas como los riesgos climáticos, que ya nadie puede poner en duda, la perspectiva de género o las personas trabajadoras de plataformas digitales, son otros aspectos imprescindibles de abordar en esta más que necesaria actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
