UGT señala que cualquier reforma que afecte al subsidio por desempleo debe hacerse desde el diálogo social y bajo la premisa de proteger más y mejor a las personas desempleadas
Los datos de paro registrado publicados por el SEPE, correspondientes al mes de noviembre, indican un descenso de 24.573 personas desempleadas respecto al mes anterior, la segunda mayor caída en un mes de noviembre exceptuando el periodo pospandemia. Con ello, el número total de personas desempleadas se sitúa en 2.734.831, el valor más bajo en un mes de noviembre desde 2007. Comparando con el mismo mes del año anterior, hay 146.549 personas menos en desempleo.
Con respecto a las personas afiliadas a la Seguridad Social, en este mes se reduce su número en 11.583, una caída inferior a las registradas en noviembre en el periodo anterior a la pandemia, 2016-2019, cuando cayeron 36.000 personas de media cada noviembre. La afiliación se sitúa así en un total de 20.806.074 personas, el valor más alto de la serie histórica para un mes de noviembre. Esto supone que haya 522.443 personas afiliadas más que las registradas en el mismo mes del año anterior, dando como resultado un ritmo de crecimiento anual del empleo del 2,6%. En términos desestacionalizados, hay 10.350 personas afiliadas más este mes, alcanzándose un nuevo récord de empleo, con 20.751.338 personas afiliadas.
Por su parte, la tasa de temporalidad de la afiliación vuelve a mantenerse en mínimos históricos, concretamente del 13% (antes de la reforma se situaba en el 30%); siendo especialmente relevante la reducción entre los jóvenes menores de 30 años, que cae desde el 53% al 21% en el mismo periodo. Una prueba de que la reforma laboral de 2021 continúa manteniendo su potencial transformador casi dos años después de su entrada en vigor, dando cuenta de que su impacto sobre la temporalidad no era sólo producto de las puntuales adaptaciones de las empresas a la nueva normativa laboral, sino que efectivamente está consiguiendo asentar la tasa en valores muy bajos a los tradicionalmente registrados.
Esta generación de empleo de calidad también se observa en la contratación: de los 1.356.293 contratos registrados este mes, 562.466 son indefinidos, suponiendo el 41,5% de la contratación; una cifra que antes de la reforma laboral apenas alcanzaba el 10% de los contratos. Entre ellos, destaca el indefinido a tiempo completo, el más estable, que alcanza el 41,6% del total de indefinidos.
Hay que reforzar los Servicios Públicos de Empleo
Por último, con respecto a las prestaciones por desempleo, el número de beneficiarios de prestaciones se situó en octubre en 1.736.502 personas, ligeramente por encima de los existentes el mismo mes del año anterior (1.735.379 beneficiarias). Con este nivel de protección, la tasa de cobertura en el mes de octubre fue del 67,6% (4,5 puntos mayor a la del año anterior), el mejor dato para este mes desde 2011 (67,7%). No obstante, es preciso acelerar la revisión de esta tasa, para que recoja adecuadamente los cambios producidos en el mercado laboral tras la reforma, y en especial tras el aumento de la contratación fija discontinua.
Conocer la cobertura real del sistema de protección por desempleo es el primer paso antes de abordar cualquier reforma de mayor calado en el mismo, tal y como se está proponiendo para su dimensión asistencial. En este aspecto, UGT exige que cualquier reforma en este ámbito se produzca en el marco del Diálogo Social.
Para UGT, cualquier reforma que afecte al subsidio por desempleo debe hacerse bajo la premisa de proteger más y mejor a las personas desempleadas, facilitando su acceso para ampliar su cobertura y evitando una absurda culpabilización de las personas que se encuentran en situación de desempleo. Dada la exigua cuantía del subsidio, es evidente que ninguna persona prefiere cobrarlo a tener un empleo y percibir un salario digno. Los problemas de acceso al mercado laboral hay que buscarlos en la ineficacia de las actuales políticas activas de empleo, cuya reciente reforma no ha solucionado. Por otro lado, se deben reforzar las plantillas de los Servicios Públicos de Empleo, incluido el número de orientadores profesionales, como única manera de ofrecer a la persona desempleada un itinerario personalizado que contribuya eficazmente a su inserción al mercado de trabajo.
