La evolución de los precios de la energía demuestra que la reducción del IVA es insuficiente y la necesidad de reformar el mercado eléctrico
UGT exige al Gobierno la revalorización urgente del SMI 2021, e insta a CEOE y CEPYME a negociar un nuevo AENC
El dato del IPC correspondiente al mes de junio, publicado hoy por el INE, muestra un incremento del 0,5% con respecto al mes anterior, situando la tasa interanual en el 2,7%, la misma que la registrada en mayo. Con este dato, el IPC encadena tres meses consecutivos con tasas interanuales por encima del 2% y alcanza la mayor subida registrada en cuatro años.
Detrás de esta cifra se encuentra, una vez más, el comportamiento de los productos energéticos, cuyo precio viene determinando la evolución de la tasa de inflación durante todo el año. La caída de la actividad producto de la crisis sanitaria tuvo su reflejo en el nivel de precios, provocando que la tasa de inflación de estos productos lleve encadenando tres meses consecutivos valores superiores al 20%. Concretamente, para este mes, la subida del precio de la electricidad ha ocasionado que la tasa de variación anual de la electricidad, gas y otros combustibles se sitúe en el 26%.
Por ello, la tasa de inflación subyacente, que excluye tanto a los productos energéticos como a los alimentos no elaborados, se mantiene en el 0,2%, dos puntos y medio por debajo del IPC general.
Estos resultados no hacen más que reflejar la tendencia alcista en la que se encuentra el precio de la energía en los últimos meses, siendo la electricidad el caso más paradigmático al alcanzar en junio el récord histórico de 83,29 euros el MWh. Este precio en el mercado mayorista tiene un impacto directo en la factura eléctrica de las familias, que no ha parado de incrementarse a pesar de las medidas aprobadas por el Gobierno. Entre ellas, una reducción del IVA que, aunque pueda ser necesaria, en tanto que disponer de luz eléctrica es indispensable para los hogares, no es suficiente al no atajar la raíz del problema: el sistema de fijación de precios. Para UGT es necesario, por tanto, tomar medidas drásticas y realmente efectivas para poner fin a la escalada de precios; emprendiendo una reforma del mercado eléctrico que asegure unos precios más asequibles para las familias y más competitivos para las industrias, permitiéndonos transitar hacia un modelo productivo más sostenible y justo en todas sus vertientes.
Pero con poner fin a la subida acumulada del precio de la electricidad no basta. Hay que tener en cuenta, además, que los salarios de los trabajadores y trabajadoras no han hecho más que perder poder adquisitivo en los últimos años: a la rebaja de las rentas salariales inherente al impacto del COVID se le une el incremento continuado del nivel general de precios, que se está produciendo muy por encima de los salarios de la población trabajadora. Esta situación debe revertirse cuanto antes, siendo imprescindible poner en marcha una política salarial expansiva que sostenga e impulse las rentas de la clase trabajadora.
Imprescindible una política salarial expansiva
Por ello, desde UGT instamos, por una parte, al Gobierno a subir cuanto antes el SMI, congelado en 950€ en 2020, y, por otra, a la patronal a sentarse a dialogar y negociar un nuevo AENC, que tenga en cuenta unas condiciones laborales acordes a la nueva etapa económica abierta tras la pandemia. Incrementar los salarios reales no es sólo una cuestión de justicia social, también es un factor central sobre el que construir una recuperación económica sostenida en el tiempo. Más aún si tenemos en cuenta que el consumo de los hogares es un pilar fundamental para impulsar la demanda agregada y reactivar con ello la actividad de la economía española.
Además de la subida inminente de salarios, también debe darse una reforma fiscal integral y estructural, que permita el fortalecimiento del Estado de Bienestar, debilitado tras años de austeridad económica, y que de verdad asegure una redistribución más justa y equilibrada de los frutos del crecimiento económico. Ahora más que nunca es el momento de actuar de manera urgente y decisiva, desde todas las dimensiones posibles, para asegurar que la salida de la crisis no acabe generando un mayor empobrecimiento y una mayor desigualdad en las rentas de la población trabajadora. El Gobierno debe aceptar que proteger a las personas no es sólo una opción; al contrario, es la base necesaria sobre la que asentar cualquier modelo de desarrollo económico que aspire a ser justo y sostenible a lo largo del tiempo.
