España podría perder hasta siete millones de empleos por la crisis postcovid y la digitalización. La crisis económica derivada de la pandemia y los procesos de automatización del empleo, ponen en riesgo hasta 24 millones de empleos en Europa, siete de ellos en España
A finales de 2018, la Unión General de Trabajadores presentó un informe integral que analizaba el impacto de la automatización en el empleo en España, a la luz de los principales estudios internacionales , pero la pandemia Covid19 ha cambiado las previsiones efectuadas, a la par que ha acelerado la tendencia de automatizar una gran parte del trabajo.
En concreto, la consultora McKinsey ha publicado una revisión de sus previsiones en el informe “The future of work in Europe”, afirmando que un “número sustancial de las ocupaciones que probablemente sean desplazadas por la automatización a largo plazo también están en riesgo por la crisis de coronavirus a corto plazo […] Los trabajos que están en mayor riesgo por la pérdida de empleos a corto plazo a causa de la pandemia se superponen en cierta medida con los más vulnerables al desplazamiento debido a la automatización”. En Europa, alrededor de un 10% de total de empleo (24 millones de puestos de trabajo) sufrirían esta doble amenaza, que se representaría en forma de reducción de salarios y horas de trabajo, ERTEs o despidos permanentes (lo que McKinsey califica como desplazamientos).
La transposición de esta metodología a España, confrontándola con la EPA, muestra un panorama inquietante: hasta siete millones de empleos estarían amenazados en la próxima década por los efectos de esta pandemia, y a la vez, corren el riesgo de ser reemplazados por máquinas. La distribución de nuestro tejido productivo, excesivamente focalizado en los sectores más indefensos a ambas casuísticas (efectos de la pandemia y riesgo de automatización), como la hostelería, el comercio al por mayor/menor o la construcción, hacen que el efecto sea mucho más acusado en nuestro país que en el resto de Europa.
Además de la asimetría sectorial, el informe señala que la mayoría de estos desplazamientos, ya sean en forma de despidos o rebajas salariales se cebarán en las personas con menor nivel educativo: hasta un 80% de los posibles afectados por ambas amenazas serían personas. El documento afirma, en línea con otros publicados por Eurofund o la Comisión Europea, que la demanda de empleos basados en capacidades manuales decaerá un 20% en la próxima década, mientras que los empleos que exigirán capacidades digitales avanzadas se incrementarán en un 40%. Si a esto le sumamos los datos revelados por el Foro Económico Mundial, que predicen que el 54% de los trabajadores deberá mejorar su capacitación en el próximo lustro y que, de ellos, el 35% necesitará 6 meses para conseguirlo y otro 10% precisará de más de un año, el panorama no puede ser más alarmante.
Formación, inclusión tecnológica e impuestos asociados a las nuevas tecnologías
Por todo ello, UGT vuelve a proponer una serie de medidas para que este proceso tecnológico revierta en progreso y prosperidad para todos, aumentando los niveles de empleo de calidad, productividad, justicia, igualdad e inclusión social, dividido en tres partes:
A corto plazo, desarrollar un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica que no deje a nadie atrás; actualizar la educación a las demandas actuales del mercado de trabajo; confeccionar políticas activas de empleo que formen a los trabajadores en las nuevas tecnologías; incluir en la negociación colectiva la necesidad de analizar el impacto en el empleo que trae esta revolución digital; y crear el derecho a la formación continua en el puesto de trabajo para estas herramientas.
A medio plazo, reducir paulatinamente la jornada laboral y la vida laboral a medida que el empleo se va automatizando, llegando a las 32 horas semanales (4 días de jornada laboral) sin reducir el salario; y promocionar el empleo en aquellos sectores que se beneficiarían directamente de la reducción de la jornada laboral, como los relacionados con la salud y los cuidados, el ocio o la ecología.
Y finalmente, a largo plazo, desarrollar nuevos impuestos asociados a las nuevas tecnologías, con el fin de repartir de manera más igualitaria la riqueza que se genera en la empresa gracias a la inclusión de las tecnologías; y poner en marcha nuevos sistemas de rentas para aquellos trabajadores que no puedan adaptarse a esta nueva realidad.
